La “limpia” al interior del Instituto Nacional Electornal puede tener consecuencias devastadoras para la operación electoral en México.

Todos los expertos, exconsejeros, presidentes y exsecretario ejecutivo afirman que el daño es corregible, que es reparable el impacto que han tenido el clan Taddei, su red de empresas fantasma y su repartición de contratos.

Pero hay mucho más de fondo en las estructuras del instituto que pueden verse afectadas.

En primer lugar, la llamada “colonización” que Morena implementó en el INE desde la llegada de Taddei. Las facultades extraordinarias autorizadas por la mayoría morenista en el Congreso otorgaron a la consejera presidenta el superpoder de designar a directivas de áreas y unidades operativas, sin la autorización, revisión o siquiera participación del Consejo General.

Buena parte de esos muchos funcionarios de medio y alto rango que ingresaron al INE provenían de dos orígenes y fuentes: el primero, Morena como fuerza, partido y movimiento. El segundo, la propia Taddei y sus intereses.

A pesar de la narrativa gubernamental para deslindarse de la exconsejera, hoy resulta más que evidente su nexo y vinculación. Como estrategia de control de daño político, parecía lo indicado, pero en los hechos, fracasó. El país entero sabe que venía de sus filas y “machuchones” (Durazo y AMLO).

Limpiar a los corruptos, vinculados a contratos y ganancias externas y colaterales, no subsana el daño.

La credibilidad, el prestigio y la reputación del INE han sido gravemente afectados. Y el responsable es el gobierno. En opinión de algunos, el principal beneficiado es el gobierno porque podrá ejercer mayor control y dominancia en las elecciones del 2027 y después, en las del 2030.

Controlar al órgano electoral, someterlo, poblarlo con simpatizantes y seguidores asegura un ejercicio sesgado de la imparcialidad con que se construyó ese decaído baluarte de la incipiente democracia mexicana.

Ahora se habla de limpiar por completo, renovar cuadros, eliminar programas, unidades, una reestructura total. Y nuevamente, las luces de alerta se encienden.

No corresponde al gobierno, ni siquiera a la Cámara de Diputados, tan poco confiable como el primero por la supermayoría (legal pero inmoral y ficticia con base en los votos de los ciudadanos), asumir la responsabilidad de la renovación o “reforma” del INE.

Los expresidentes han dicho ayer en conferencia de prensa que una renovación total sería recomendable, pero ¿a qué costo? ¿Bajo la supervisión de quién? ¿Con el equilibrio y el balance de qué fuerzas políticas sí se impone sólo la voluntad de los que gobiernan?

Es de extrema gravedad porque está en riesgo el futuro de la —repito— incipiente democracia mexicana.

Si una sola fuerza y sus aliados (más MC, que actúa como tal todas las veces, aunque esgrima un discurso de oposición) impone las condiciones en que un “nuevo INE” se conformaría y operaría en el futuro, México perdería el equilibrio de una contienda pareja, garantizada como equitativa, pero sobre todo, auditada y contabilizada con transparencia en el momento de la emisión del voto.

Morena no es una fuerza política dialogante; lo ha demostrado sobradamente en 8 años de gobierno. No es en esencia un movimiento democrático, plural, incluyente.

Es un PRI moderno, o versión 2.0, que impone su convicción política de forma autoritaria y vertical. Los que están a favor y se sumen recibirán la bienvenida con la precisión del acatamiento y la obediencia ciega.

Revise usted a los diputados y senadores de los últimos 8 años; muy pocos se han atrevido a disentir, so pena del gulag político.

Un nuevo INE bajo la égida de Morena garantiza un organismo sin contrapesos, sin representantes independientes y autónomos, sin la formación profesional de consolidar un aparato electoral, por encima de las inclinaciones ideológicas y políticas.

Los Woldenberg, los Córdova, Ugalde o Valdés no se dan en bandeja. Y encontrar hoy mexicanos plenamente independientes, profesionales en materia electoral, que trabajen por un organismo autónomo, libre, con vocación por México y no por un partido, parece una tarea casi inalcanzable.

El riesgo es perpetuar un grupo en el poder, disfrazar las elecciones —cualquiera que sea su resultado— en favor del partido que manda con el supuesto respaldo popular comprado mediante programas sociales. Ese es el riesgo.