Hay líneas rojas en la política de inmigración que no deberían cruzarse a la ligera. Un grupo de países europeos acaba de hacerlo. Alemania, Dinamarca, Austria, Países Bajos y Grecia anunciaron este lunes la creación de un “centro de retornos”, como lo denominan sus promotores, destinado a recibir a inmigrantes sin derecho a quedarse más tiempo en la UE. A partir del año próximo, estos cinco estados empezarán a expulsar a Ruanda a extranjeros a los que, pese a haber visto denegada su solicitud de asilo y haber agotado todas las vías de recurso, las autoridades no podían devolver a sus lugares de origen. El objetivo es tanto reducir el número de inmigrantes irregulares como disuadir a aquellos que quieran entrar en Europa. Pero el plan abre una senda peligrosa, porque compromete a la vez los principios de Europa y sus intereses. Los precedentes arrojan interrogantes sobre la eficacia de este tipo de medidas. Y se hace difícil ver cómo se puede externalizar la gestión de la inmigración sin poner en riesgo las garantías democráticas y los derechos de los afectados.
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Europa no es esto
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